El Consejo de Europa, preocupado por la malnutrición infantil en España

El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, se mostró preocupado este viernes por el aumento de la pobreza y la malnutrición infantil en España como consecuencia de una crisis que ya dura cinco años.
"Estoy muy preocupado por los informes que indican que la pobreza infantil está bastante extendida y por algunas historias que he oído, desgarradoras historias de niños desmayándose en clase, vistiendo la misma ropa durante dos o tres semanas y en situaciones vulnerables por los desahucios y la pobreza en sus casas", explicó Muiznieks en una rueda de prensa en Madrid.
Tras cinco días de visita oficial a España para realizar un informe sobre los efectos de la crisis en los derechos humanos, que se publicará en septiembre, el comisario llamó a las autoridades "a tomarse muy seriamente el asunto". "Lo que les pasa a estos niños ahora les va a afectar durante toda la vida. Si ahora están malnutridos, más adelante tendrán problemas de salud, problemas educativos y eso no solo les va a afectar a ellos, sino a toda la sociedad española y europea", dijo.
Debido al desgaste de cinco años de crisis y con una tasa de desempleo histórico del 27%, España ve aumentar constantemente su pobreza que, según Unicef, afecta especialmente a los más desfavorecidos y a los niños. Los últimos datos que publicaron sobre pobreza infantil revelan que un 27,2% de los menores en España vivían bajo el umbral de la pobreza en 2011, una cifra "muy impactante" para Muiznieks.
Ante esta situación, el comisario europeo aplaudió a los gobiernos regionales, responsables en España de la gestión de los servicios sociales, que han emprendido medidas en las escuelas para paliar la malnutrición de los menores, como en los casos de Andalucía, Cataluña y Canarias. "Hacer este trabajo en las escuelas es una de las pocas maneras de alcanzar a todos los niños", dijo.
Además, Muiznieks alertó de la situación que viven otros grupos vulnerables ante la crisis como discapacitados, pensionistas y desahuciados así como los inmigrantes irregulares, que desde el año pasado tienen limitado el acceso al sistema sanitario.