Pocos días después de sufrir
graves lesiones en un accidente vial, Jacinto Cruz y José Rodríguez
Saldana yacían inconscientes en un hospital de Iowa, mientras el sistema
de salud estadounidense decidía qué hacer con estos dos inmigrantes
mexicanos.
Los hombres tenían su seguro médico
por medio de sus empleos en una empacadora de carne. Pero ninguno tenía
autorización para estar en Estados Unidos y no quedaba del todo claro
si el seguro les pagaría la rehabilitación.
El
Centro Médico Metodista de Iowa en Des Moines decidió entonces actuar
por su propia cuenta: Tras consultar con las familias de los pacientes,
discretamente trasladó a los mexicanos, ambos en estado de coma, a un
avión privado que los llevó a México, en efecto, deportándolos sin
consultar con autoridad judicial ni ejecutiva alguna.
Cuando
los pacientes se despertaron, estaban a más de 2.900 kilómetros (1.800
millas) de distancia, en un hospital de Veracruz, en la costa de Golfo
de México.
Cientos de inmigrantes que están
ilegalmente en Estados Unidos han vivido experiencias similares, a manos
de un sistema de remoción de personas que no depende de un gobierno
federal, sino de un sistema de hospitales que tratan de reducir gastos.
Un
reporte reciente, realizado por grupos de defensa de inmigrantes,
intentó dar con la cifra exacta de cuántos inmigrantes son enviados de
regreso a sus países, y llegó a la conclusión de que por lo menos 600
fueron expulsados en un periodo de cinco años, aunque se estima que son
más.
En entrevistas con inmigrantes, sus
familiares, abogados y activistas, la AP estudió lo que se describe
oficialmente como "repatriaciones médicas", un proceso en el que los
hospitales pueden colocar a pacientes en vuelos fletados, aun cuando
están inconscientes. Los hospitales por lo general pagan el costo de los
vuelos.
"El problema es que todo está
ocurriendo en una especie de hoyo negro jurídico, no hay registro de
nada", dijo la profesora de derecho Lori Nessel, directora del Centro
para la Justicia Social de la Escuela de Derecho Seton Hall, que ofrece
asistencia legal gratis para los inmigrantes.
Los
defensores de los derechos de los inmigrantes sin papales temen que los
hospitales ahora amplíen su política, debido a la nueva reforma de la
ley de atención médica, que contempla profundas reducciones en los pagos
que reciben los hospitales que atienden a personas sin seguro médico.
Ejecutivos
de empresas médicas confiesan que están en un dilema, entre la promesa
de prestar atención a los necesitados y la batalla política para
combatir la inmigración ilegal.
"Realmente nos
pone en un dilema", declara el doctor Mark Purtle, vicepresidente
encargado de asuntos médicos del Sistema Médico de Iowa, que abarca al
Centro Médico Metodista de Iowa. "Hay gente en el gobierno federal, el
estado, todos, que dicen que no debemos estar pagando por los
indocumentados".
Las autoridades nacionales y
estatales no quieren cubrir esos costos, dijo el doctor Mark Purtle,
vicepresidente encargado de asuntos médicos del Sistema Médico de Iowa,
que abarca al Centro Médico Metodista de Iowa.
Por
ley, todos los hospitales tienen la obligación de recibir a todo
paciente que necesite atención de emergencia, aun cuando no tengan
recursos para pagar e independientemente de su status legal. Pero una
vez que el paciente queda estable, la obligación desaparece. Muchos
inmigrantes que carecen de permiso para residir en el país no tienen
derecho al Medicaid, el programa estatal de asistencia para los pobres.
Es
por ello que los hospitales tratan de enviar a esos pacientes a centros
de rehabilitación o asilos para ancianos en sus países de origen.
Varios
grupos activistas denuncian que la política de enviar a los pacientes a
sus países de origen viola las leyes estadounidenses e internacionales y
constituye una injusticia contra el sector más vulnerable de la
sociedad.
"No tienen nadie que los defienda, que hable por ellos", dice John De Leon, un abogado de Miami que ha tratado con tales casos.
El cálculo de la cantidad exacta de casos es difícil ya que ninguna agencia gubernamental lleva la cuenta de eso.
El
Centro para la Justicia Social y la Asociación de Abogados de Nueva
York para el Interés Público han documentado por lo menos 600 casos de
inmigrantes que fueron repatriados en contra de su voluntad por razones
médicas. La cifra está basada en datos de hospitales, organizaciones
humanitarias, versiones de prensa y activistas. Pero se estima que la
cifra verdadera es mucho mayor ya que muchos casos pasan inadvertidos.
Algunos
de los pacientes que fueron llevados de vuelta a sus países luego
fallecieron en hospitales que carecían de los recursos necesarios. Otros
sufrieron problemas médicos persistentes porque no recibieron la
atención debida, dice el reporte.
Los dos
mexicanos de Iowa vinieron a Estados Unidos en busca de mejores
oportunidades y hallaron empleo en Iowa Select Farms, que les facilitó
seguro médico aunque carecían de documentación alguna para residir
legalmente en el país.
Cruz llevaba en el país
unos seis meses, Rodríguez Saldana poco más de un año. Los dos fueron a
pescar en mayo del 2008 y a su regreso su automóvil fue embestido por
un camión. Salieron lanzados del vehículo por el impacto y sufrieron
graves heridas craneales.
El seguro médico
pagó más de 100.000 dólares por el tratamiento de emergencia. Pero no
quedaba claro si el seguro pagaría por la rehabilitación a largo plazo.
Dos centros de rehabilitación se negaron a atenderlos.
Once
días después del accidente, los hombres estaban aún en coma cuando
fueron colocados en un avión rumbo a Veracruz, donde un hospital había
accedido a recibirlos.
Rodriguez Saldana, hoy
de 39 años, dice que el hospital de Des Moines le dijo a su familia que
no le quedaba mucho tiempo de vida y que lo mejor era que se volviera a
México.
Al hospital "simplemente no le gustan
los mexicanos", dijo en entrevista telefónica con la AP. "Querían
desconectarme de los aparatos médicos y dejarme morir. Decían que yo no
podía sobrevivir".
Portavoces del hospital
dijeron que no podían hablar del caso debido al proceso judicial en
curso. Los mexicanos y sus familias presentaron una demanda en el 2010
asegurando que el cuidado médico que recibieron en Veracruz fue
deficiente.
Un juez desestimó la demanda el
año pasado, al determinar que el hospital de Estados Unidos no tenía
responsabilidad por lo que hiciera el hospital en Veracruz. Los
tribunales también determinaron que aunque los familiares posiblemente
no accedieron a que los mexicanos sean llevados de vuelta a su país,
tampoco lo objetaron explícitamente. Un tribunal de apelaciones confirmó
la decisión de desestimar la demanda.
Es
común que los hospitales les digan a los pacientes que sus familiares
desean que vuelvan. En casos en que los pacientes están inconscientes o
no pueden comunicarse, les dicen a veces a los familiares que el
paciente ha expresado deseos de volver, expresa De León.
A
veces se les dice que la situación es grave y que el paciente tiene
poco tiempo de vida, lo que lleva a los parientes a acceder al traslado,
añadió De León.
Algunos hospitales "cometen
extorsión emocional en el país de origen", dijo De León. "Hacen que los
familiares en el país de origen se sientan culpables, para así poder
colocarlos en un avión".
Según expedientes
judiciales, el personal del hospital en Iowa dice que recibió
autorización de los padres de Rodríguez Saldana y de la compañera de
Cruz para contratar el viaje a México. Los familiares niegan haber dado
la autorización.
No hay forma de saber con
certeza si los dos mexicanos se habrían recuperado mejor o más rápido de
haberse quedado en Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que el
accidente los dejó a ambos con discapacidades profundas.
Casi
cinco años después Cruz, de 49 años, tiene el lado izquierdo del cuerpo
paralizado, debido a lesiones a su columna y cadera. Se le hace difícil
hablar y no puede trabajar.
"Ni siquiera
puedo caminar", expresó en una entrevista telefónica en la que estalló
en sollozos varias veces. Su compañera de hace tiempo, Belem, dice que
desde el accidente ha estado más sensible.
"Se siente mal porque fue para allá y regresó así", comentó ella. "Ahora no puede trabajar en nada... Se la pasa llorando".
Ella trabaja vendiendo comida y limpiando casas. Su hijo mayor, de 22 años, a veces ayuda para traer algo de dinero.
Rodríguez
Saldana dice que tiene pagar por la terapia debido a la inflamación de
sus pies y mala circulación. Afirma que tiene problemas para caminar y
que se le hace difícil trabajar. Vende artefactos domésticos como
toallas y platos, un trabajo que le obliga a caminar mucho y visitar
muchas viviendas. Con frecuencia se le olvida donde vive, pero alguna
gente lo reconoce en la calle y lo lleva a casa al verlo confundido.
La
Asociación de Hospitales de Estados Unidos dice que no tiene una
política específica sobre la transferencia de inmigrantes y que no tiene
cifras de cuántos hospitales lidian con ese problema.
Nessel
vaticina que las deportaciones médicas aumentarán a medida que entre en
vigencia la reforma del sistema de salud, que aumenta la cantidad de
pacientes que pueden recibir el Medicaid. Como resultado el gobierno
federal disminuirá los pagos que realiza a hospitales que atienden a
personas sin seguro médico.
Algunos hospitales
llaman a las autoridades inmigración cuando reciben pacientes sin
documentos, pero el gobierno rara vez responde, dice Nessel. La
detención del paciente implica que el gobierno se tendría que hacer
cargo de mantener al paciente económicamente.
Jan
Stipe es la administradora del departamento en el hospital de Iowa que
encuentra a los hospitales en los países de origen de los inmigrantes
que están dispuestos a atenderlos. El objetivo, explicó, es "llevar a
los pacientes a donde están sus redes de apoyo, donde sus seres
queridos, la gente que les dará el cuidado y atención que necesitan".
El
Consejo de Etica de la Asociación Médica de Estados Unidos emitió una
directiva a los médicos en el 2009, exhortándoles a no "permitir que los
administradores de hospitales usen su cuantioso poder y la actual falta
de reglas" para enviar a pacientes a otros países.
Obviamente
los hospitales no pueden prestar costosa atención médica a pacientes
indefinidamente, dice la declaración, "pero tampoco deben los médicos
permitir que los hospitales decidan arbitrariamente el destino de
paciente inmigrante, no ciudadano, que carece de seguro médico".
Arturo
Morales, un abogado de Monterrey, México, que está ayudando a Cruz y a
Rodríguez Saldana, está convencido que los hombres estarían mejor si se
les permitiera quedarse en Iowa.
"No cabe la menor duda", dijo Morales. "No se le puede dejar morir a un paciente sólo porque no tiene dinero".
Apartado del ajetreo típico de Bruselas, con sus numerosos funcionarios europeos y su intenso tráfico, el castillo de Grand-Bigard, a las puertas de la capital belga, celebra cada año la primavera con Floralia, una exposición efímera de un millón y medio de flores.
